Lima Metropolitana es la región con el mayor número de casos de violencia

Por: Observatorio de Medios / Carmen Amelia Pérez (ACS Calandria): 997 736 368

La violencia contra la mujer es una problemática de salúd pública y derechos humanos, es la forma más frecuente de discriminación sobre todo para aquellas mujeres que se encuentran en especial situación  de vulnerabilidad como las mujeres con discapacidad. Las mujeres y las niñas con discapacidad, entonces, suelen experimentar una doble discriminación en sus vidas, la de género y la relacionada con la discapacidad, lo que las coloca en un riesgo mayor de vivir violencia, abandono, malos tratos o explotación.

De acuerdo a los Centros de Emergencia Mujer a nivel nacional, de enero a septiembre 2023, se han registrado 2 mil 685 casos de violencia contra personas con discapacidad de los cuales en 1 mil 893 (70,5%) fueron víctimas mujeres. En más del 40% de los casos las víctimas estaban entre las edades de 18 a 49 años y los tipos de violencia más frecuentes en los casos registrados fueron la violencia psicológica y física. Respecto a las regiones donde se reportaron mayor casos de violencia hacia personas con discapacidad fueron: Lima Metropolitana (675), Arequipa (279), La Libertad (138), Ancash (137) y Junín (132).

Natali Huapaya, especialista en ciencias políticas y género, señala que existen factores de riesgo cuando hablamos de violencia contra mujeres con discapacidad, estos suelen ser: el desconocimiento de sus derechos, la sobreprotección de los familiares que no permite el desarrollo de la autonomía de las  mujeres con discapacidad, falta de accesibilidad de programas y servicios de atención y protección frente a la violencia desde un enfoque de discapacidad e interseccional, falta de credibilidad a los testimonios de las víctimas y los estereotipos y prejuicios que se les imponen a las mujeres con discapacidad.

La experta señala que para combatir esta problemática es necesario incorporar el enfoque de discapacidad en los programas y servicios de protección a las víctimas de violencia y la capacitación  a los miembros del sistema de protección (PNP, CEM, operadores de justicia) para brindar atención y servicios de calidad a mujeres con discapacidad víctimas de violencia.

Milagros Sovero, comunicadora de la Asociación Paz y Esperanza, menciona respecto a las políticas y leyes que protegen a  las personas con discapacidad que se cuenta con la Ley General de la Persona con Discapacidad  29973 y la Ley 30364 la cual representa un avance respecto al tratamiento de la violencia contra la mujer, no obstante, señala la especialista, esta norma no contempla el enfoque de discapacidad con perspectiva interseccional. Asimismo, menciona la experta, las fichas de valoración de riesgo han sido insuficientes para atender los casos de violencia a mujeres con discapacidad.

Sovero indica, que hay una agenda pendiente respecto a esta problemática, el Ministerio de la Mujer necesita implementar la Ficha de Valoración de Riesgo (FVR) para mujeres con discapacidad o en su defecto, se requiere  incorporar el enfoque de discapacidad con perspectiva interseccional en las FVR vigentes. Adicional a ello, se necesita que el Mimp y los órganos del sistema de justicia diseñen estrategias para incentivar la interposición de denuncias en casos de violencia que afectan a las mujeres con discapacidad, asegurando su accesibilidad, el acceso a ajustes razonables, el respeto a la capacidad jurídica y la provisión de apoyos en estos procesos.

Frente a la problemática de la violencia contra las mujeres con discapacidad que nos muestran las expertas y los registros mencionados, se hace necesario enfatizar la responsabilidad colectiva nacional, como las instituciones públicas que atienden, brindan orientación y dan seguimiento a estos casos para que estos no queden ocultos y/o impunes.

En el marco  de la la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia de Género contra las Mujeres “Mujeres libres de violencia”(MIMP), se impulsa un trabajo multisectorial desde la familia, la escuela, las instituciones públicas, las empresas y los medios de comunicación  que cumplen un rol fundamental en la prevención de la violencia basada en género, buscando deconstruir estereotipos de género, fomentando la igualdad entre hombres y mujeres y brindando información de los servicios y canales de ayuda, con el apoyo de AECID y UE.